El libro Radiografía de la investigación pública en España, publicado por la editorial Biblioteca Nueva, analiza desde una aproximación multidisciplinar la situación de la I+D en el sector público desde la perspectiva de los últimos 20 años.

Los datos y percepciones que los siete Capítulos del libro recogen, revelan una imagen que presenta evidentes claroscuros. Es notorio que hemos mejorado notablemente a lo largo del periodo señalado.

Pero las debilidades que persisten, limitan el nivel de optimismo y elevan las apreciaciones críticas. Entre ellas cabe mencionar: el aparente agotamiento de algunos instrumentos de fomento de la investigación científica y tecnológica, quizá haya que repensar los instrumentos normativos con los que nos movemos desde hace 20 años; la constatación de que el incremento de la intervención de las Comunidades Autónomas no se ha visto acompañado por la mejora de la coordinación entre estos esfuerzos y los de la Administración Central; la escasa capacidad de transferencia del conocimiento científico hacia el sector productivo; la identificación de sustantivos defectos estructurales en la financiación de la I+D y de su repercusión en el crecimiento económico; los datos paradójicos que revelan las encuestas sobre percepción social de la ciencia y la tecnología; las deficiencias todavía existentes en el proceso de internacionalización de la ciencia y la tecnología españolas.

Esta visión crítica, que se trasluce de la reflexión global, es lógica puesto que el libro es un ejercicio académico e independiente orientado a proporcionar información en la que se apoyen las decisiones en política científica.

Las palabras de la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, en el acto de presentación al apuntar que “los datos que he necesitado y he buscado los he encontrado en el libro que hoy presentamos” son un primer respaldo hacia la razón de ser de los objetivos planteados por la publicación.

Algunos apuntes personales

En recientes trabajos sobre el tema ya he venido acreditando que mi evaluación de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en España es la de “sí, hemos avanzado en algunas cosas, pero no estamos donde deberíamos estar ni por nuestra posición económica en el mundo desarrollado ni por la posición geoestratégica de España como componente de la Europa unida y como puente hacia América Latina, incluso como conciencia crítica de la situación de África”.

Los objetivos de la Ley de la Ciencia, de cuya promulgación cumplimos 20 años, y del Plan Nacional de I+D (con otra I, la de la innovación en las últimas versiones) se han alcanzado sólo parcialmente. Este incumplimiento se puede cifrar fundamentalmente en la dificultad para conseguir que el avance científico penetre realmente, y no sólo a nivel de discurso, en la sociedad española.

Nuestra sociedad no parece ser consciente de que vivimos en una sociedad del conocimiento científico. Se tiene probablemente más confianza en la rentabilidad de la especulación y de los golpes de suerte que del trabajo cuidado, bien hecho y que debe estar siempre sujeto a evaluación, que reclama la investigación científica y técnica.

Por ello no se consigue una conexión entre el mundo productivo y la comunidad científica; por eso no hemos conseguido desarrollar esquemas de carreras profesionales relacionadas con la investigación científica, por citar algún déficit.

Un último factor que contribuye a mi valoración negativa es el excesivo peso de una burocracia que es ajena, o ignora, lo que es la actividad de la I+D, reflejo del fallo de penetración social que mencionaba anteriormente.

Por lo tanto, reclamo, y así lo he hecho en otro artículo que ha aparecido en dos revistas a lo largo de 200 : número de julio/140 de la revista Temas para el Debate (Editorial Sistema) y en la Revista SE´BBM de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular en el número 149 de septiembre, un Estatuto para la I+D, como instrumento político básico para dar un salto real en este tema de importancia crucial para el futuro de España.